Partido Frente Grande Chaco · Convocatoria popular para el control de las fuerzas de seguridad y el fortalecimiento de las instituciones de Derechos Humanos y la Lucha contra la Violencia Institucional.

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Convocatoria popular para el control de las fuerzas de seguridad y el fortalecimiento de las instituciones de Derechos Humanos y la Lucha contra la Violencia Institucional.

El pasado 31 de mayo, nuevamente, la violencia policial volvió a manifestarse en la localidad de Fontana, donde la policía de la Comisaría Tercera irrumpía en la madrugada del domingo en una vivienda del Barrio Banderas Argentinas sin orden de allanamiento y mediante una secuencia de apremios ilegales, torturas y tratos crueles por parte del personal policial, con posterior traslado de les ciudadanes hacia la comisaría donde, vía informes del Comité obrante, se supo del accionar impartido, incluyendo delitos contra la integridad sexual. Estos vestigios de las peores prácticas aún arraigadas en las instituciones que no se han permeado aun de los principios fundamentales de la vida en democracia nos convoca a instar a los poderes públicos a la investigación urgente y rigurosa de los hechos y sanciones a los responsables administrativos, judiciales y políticos de estos hechos delictivos y reforzar el acompañamiento institucional e integral de las víctimas y sus familias.
Las organizaciones y organismos abajo firmantes, hacemos un llamamiento al Ministerio de Seguridad, el Poder Judicial y al Ejecutivo de la provincia, apelando en este contexto de pandemia y aislamiento social, obligatorio y preventivo, a la voluntad de un cambio urgente de política de seguridad y las fuerzas policiales. Los abusos diarios y el aumento de los niveles de violencia que se ejercen en los barrios populares no forman parte del proyecto político y democrático que fortalezca el Estado y su función de cuidado y justicia social en pleno contexto de crisis mundial.
Así también, ponernos a disposición del necesario fortalecimiento de los equipos de abordaje a la violencia institucional, como la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros y el Comité de Prevención de la Tortura y Tratos Crueles e Inhumanos de la provincia del Chaco, como también el Equipo Interdisciplinario de Atención a las Victimas de Violencia, y de las acciones resueltas por parte de la Vicegobernadora en la aplicación de Ley Micaela, cuyos esfuerzos deben ser puestos en valor con un fuerte pronunciamiento junto a la investigación y sanción tanto administrativa como judicial de toda práctica violatoria de los derechos civiles, desde una perspectiva reparatoria y atenta a las denuncias y causas sobre estas violencias en los últimos años.
La gravedad que revisten casos como el mencionado, conforma una serie de abusos que pareciera no tener limites ni control sobre las barriadas metropolitanas, por parte de quienes ostentan el monopolio del uso de las armas y la seguridad, mientras las organizaciones ensayan experiencias de cuidado comunitario, ollas y meriendas populares, resulta imperioso la convocatoria inmediata a la participación de las organizaciones del pueblo a reconstruir una política de seguridad publica y democrática basada en el irrestricto cumplimiento de los derechos humanos, donde el cuidado, el buen trato y los valores de la democracia que supimos conquistar, sean los ejes vertebradores de un nuevo paradigma de convivencia ciudadana. El diseño de políticas situadas en un territorio de profundas desigualdades sociales, en un tiempo de impostergables transformaciones culturales, políticas con la perspectiva y la trayectoria de un Estado que supo pedir perdón por los crímenes del terrorismo estatal, una Justicia y una sociedad que condenó a cientos de criminales de la humanidad, un Estado que se diera a la tarea de hacer de la Memoria la Verdad y la Justicia, una política reparatoria de la violencia vivida por generaciones anteriores, nos obliga a mancomunar los esfuerzos en la construcción de una sociedad mas justa, donde la intolerancia sea hacia la discriminación, la estigmatización, el abuso, la violación de derechos y las violencias, vengan tanto de las instituciones como de la mano de quien obra por fuera de las mismas. La crueldad instituida debe de una vez por todas ser interpelada como sociedad.
La pandemia y las acciones comunitarias demandan de una concreta articulación entre Estado y las organizaciones sociales, como antes lo habíamos manifestado, el instrumento de los comités de emergencia social resulta indispensable para que prime el bien común. Nuestra provincia tiene el deber y el compromiso de sostener, como lo expresara el presidente Alberto Fernández, un Estado que nos cuide, un Estado que proteja y donde la Vida y la comunidad valgan por encima de todas las cosas.

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